Empresa Privada y Prevención del Delito

Guillermo García Machado

En muchas ocasiones pensamos (de manera errónea e irresponsable) que la tarea de prevenir el delito es función exclusiva del Estado, sin embargo, esta idea se ha venido diluyendo desde hace varios años en atención de las nuevas directrices y buenas prácticas a la hora de implementar estrategias para la prevención del crimen. Actualmente se reconoce entre la comunidad internacional que la prevención del delito puede tener enfoques múltiples y especializados, asimismo se recomienda su aplicación con estrategias individuales y objetivos muy específicos, pero incluyendo todas las intervenciones en un programa integral.

Uno de los enfoques reconocidos en la prevención del delito tiene que ver con la participación ciudadana. Una comunidad organizada, involucrada y con alto sentido de responsabilidad puede generar un impacto positivo y relevante a la hora mejorar los índices de violencia en una sociedad. Un ejemplo específico es la participación de las grandes empresas en la ardua labor de prevenir el delito.

Esto ha obligado a las empresas a protegerse del crimen (y con justa razón) llevándolas a invertir cada vez más en su protección patrimonial. Tan solo en el año 2018, la ENVE reportó que las empresas en México han invertido al menos 68 mil 700 millones de pesos (3 mil 400 millones de dólares) en su seguridad interna. Sin embargo, las empresas no solamente deben preocuparse por encapsularse y tener una visión hacia adentro en lo que a su seguridad corresponde.

En sintonía con las actuales directrices de prevención del delito, las empresas juegan tres roles frente a la delincuencia, y cada uno de esos roles o interacciones deben ser atendidos con estrategias individualizadas. El primero de los roles que las empresas juegan frente a la criminalidad es el rol de víctima. Este enfoque ya se explicó en los párrafos anteriores con las estadísticas enunciadas. En efecto esta situación se combate (en parte) con una política proteccionista y con la implementación de programas de seguridad física que permiten a las organizaciones proteger sus activos.

El segundo rol de las empresas frente al delito tiene que ver con reconocerse a ellas mismas como un factor de riesgo. Esto significa que la empresa es generadora de oportunidades para que se geste el delito. En este sentido se debe analizar como una empresa puede generar un impacto negativo hacia la comunidad que los rodea. Por ejemplo, las grandes industrias pueden perturbar el medio ambiente en donde son instauradas, impactar negativamente en las culturas y el estilo de convivencia de los habitantes. Esto ocurre cuando la instalación de empresas no conlleva una adecuada planeación de desarrollo urbano.

El tercer rol que las empresas deben asumir es el que las posiciona como un factor favorable y mitigador de la criminalidad. Una empresa genera un espacio y tiempo de convivencia para los habitantes de una comunidad. En ocasiones las personas pasan más tiempo en su trabajo que en su casa, y las personas incluso conviven más con sus compañeros de trabajo que con los propios integrantes de su familia.

En este sentido las empresas tienen la responsabilidad de identificar y mitigar los posibles factores psicosociales que pudieran estarse generando entre sus trabajadores, entendiendo que desde las teorías de la criminalidad se explica que algunos factores criminógenos que propician la conducta criminal tienen que ver precisamente con trastornos psicológicos que si se detectan y atienden oportunamente pueden ser neutralizados, y de esta forma se evita que contribuyan a la generación de conductas antisociales (Dicaprio, 1989).

La buena gestión de riesgos psicosociales puede impactar de manera favorable en la reducción de la delincuencia. Lo anterior es una situación que en la actualidad comienza a tomar relevancia con la reciente entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 035- STPS-2018 Factores de Riesgo Psicosociales en el Trabajo, en la cual se establecen varios mecanismos que tienen el objetivo de gestionar los factores de riesgo psicosociales en los trabajadores.

Esta es una normativa obligatoria. Las empresas deben cambiar su enfoque unilateral y proteccionista a la hora de gestionar su seguridad y optar por una visión socialmente responsables con la prevención del delito en su comunidad. Lo anterior en conjunto con la sinergia que se debe generar con los miembros de la sociedad y con la responsabilidad inherente del Estado, se podrá afrontar de una manera integral el gran problema que adolece a las sociedades contemporáneas: el crimen.