Bolivarismo y Santanderismo

Guillermo García Machado

Tras el congreso de Cúcuta, Simón Bolívar fue nombrado presidente de la República y Francisco de Paula Santander su vicepresidente. Santander propugnaba por una legislación robusta y un marco constitucional y legislativo que guiara a la nueva república. La prioridad de Bolívar fue continuar su proyecto de la liberación de la América española. Durante la campaña del sur, dirigida directamente por Bolívar, el Vicepresidente Santander estuvo a cargo del gobierno en Bogotá. La crisis entre Bolívar y Santander (y sus respectivos seguidores) se ahonda con las diferencias entre Santander y José Antonio Páez y con la promulgación de la Constitución Bolivariana, escrita por Bolívar para la naciente república de Bolivia y que los santanderistas temen que Bolívar intente imponer en Colombia. El principal recelo sobre la constitución bolivariana, surge del amplio poder dado a la figura presidencial, la cual es vitalicia y, de esta forma, asimilable a una monarquía.

El 9 de abril de 1828 se instala la Convención de Ocaña. Las diferencias entre santanderistas y bolivarianos eran evidentes, promulgando los primeros un federalismo y los segundos un poder central y presidencial fuerte. La convención, que tenía por objeto reformar la constitución de cúcuta fue un fracaso, y los bolivarianos abandonaron el recinto proclamando a Bolívar como dictador. La crisis culmina con el atentado a Bolívar del 25 de septiembre de 1828, en lo que se conoce como la noche Septembrina. La participación de Santander no es clara pero es condenado junto con muchos de sus seguidores, quienes son ejecutados por traición. La condena del propio Santander es conmutada por destierro, por orden de Bolívar después de un pedido explícito del ministro de guerra José María Córdova.

Nos apunta DAVID BUSHNEL: “En toda la literatura bolivariana ha sido y es todavía un lugar común el asentar que los propósitos del Libertador se vieron frustrados por la incomprensión de sus contemporáneos. La frustración no fue total, claro está, porque al fin y al cabo los pueblos hispanoamericanos (menos las Antillas españolas) se independizaron de la antigua madre patria. Pero los anhelos del Libertador de estrechar unos vínculos permanentes de colaboración entre los pueblos ya independientes, de dotarlos de un régimen político a la vez sólido y liberal, y de promover hasta donde fuera posible la felicidad de los habitantes mismos, no se realizaron o se realizaron sólo en una pequeña parte. Y entre los admiradores del Libertador, que con toda razón constituyen una gran mayoría de los que se han ocupado de su obra, se ha acostumbrado atribuir esta falta de realizaciones a intereses mezquinos de sus adversarios o al hecho más fundamental de que su pensamiento genial se hubiera adelantado demasiado con relación a la época en que le tocó vivir -o quizá a intereses mezquinos y exceso de genio conjuntamente-. Ninguna de las dos explicaciones bastaría por sí sola para deslindar responsabilidades, aunque cada una encierra, sin duda, alguna porción de la verdad histórica. En todo caso, entre los presuntos responsables del proceso de frustración ha ocupado casi siempre un lugar destacado el prócer neogranadino Francisco de Paula Santander; y por consiguiente, al ponderar los logros y las decepciones de Bolívar, siempre habrá que tomar en cuenta las ideas y la actuación de aquél “No se trata a este respecto sino de una sola etapa de la vida pública de Santander, o sea, la propiamente grancolombiana. Siguiendo con DAVID BTJSHNEU, él había jugado un papel secundario en el ámbito de la "Patria Boba", con lo  llamado como el primer período del movimiento emancipador de la Nueva Granada, y adquirió algún relieve sólo a partir de la reconquista española de 1816, cuando asumió la jefatura de los patriotas neogranadinos que se habían refugiado en los llanos de Casanare, al pie de la cordillera oriental de los Andes. En Casanare se hizo además colaborador del venezolano Bolívar, a quien acompañó en la campaña de Boyacá, y después de aquella decisiva victoria Bolívar le encomendó la administración de las provincias liberadas de la Nueva Granada. A consecuencia principalmente del prestigio que se granjeó en ejercicio de tal cargo, resultó electo primer vicepresidente constitucional de la Gran Colombia en setiembre de 1821, y al desplazarse de nuevo el Libertador presidente hacia los campos de batalla, Santander se quedó en Bogotá como encargado inmediato del poder ejecutivo no sólo ya dentro de la misma Nueva Granada sino en todo el territorio de la unión grancolombiana, desde Cumaná a Guayaquil. Mas el cuadro cambió de repente de 1826 a 1827, al volver Bolívar desde el Perú, reasumir el mando ejecutivo de la Gran Colombia y anular alguna parte de la obra cumplida antes por su vicepresidente, quien se lanzó resueltamente a la oposición. Regresó después de la disolución de la Gran Colombia y muerte de Bolívar, para ocupar la presidencia de !a flamante República de la Nueva Granada, pero ésa ya es otra historia. . . lo demás está escrito.

 Terrorismo de Estado

Guillermo García Machado

La guerra hoy no es un asunto que está en manos de una sola persona. En países de regímenes democráticos, de representación democrática, en repúblicas, las declaratorias de guerra de un país quedan reservadas a actos que realizan los parlamentos, a solicitud de los Poderes Ejecutivos. Son los Parlamentos, los Congresos, las Asambleas Legislativas los que avalan o aprueban las guerras que declaran los Estados. Cuando Costa Rica declaró la Guerra a Italia, Alemania y Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1941, fue resultado de una solicitud del Presidente Rafael Angel Calderón Guardia al Congreso, que avaló la propuesta.

Actos de Terrorismo de Estado son también la coacción o la persecución ilegítima, el secuestro, las desapariciones forzosas, la tortura, el asesinato y la ejecución extrajudicial.

Actos de Terrorismo de Estado son los que crean o hacen surgir, en secreto, organizaciones terroristas clandestinas convencionales -reales o simuladas-, con apoyo a las mismas o con negligencia deliberada en su persecución, sobre todo cuando estas organizaciones se presentan como extremistas de las fuerzas opositoras, lo que da una justificación a sus promotores frente a la opinión pública para actuar contra ella y hasta para acabarlas de cualquier manera.

Terrorismo de Estado es también cuando se instruye o induce y autoriza a la tropa propia para que actúe de tal forma que produzca terror en la población civil del enemigo, que impida introducir medidas que limiten o persigan tales acciones.

Terrorismo de Estado es la realización abierta de operaciones militares con el orientadas o encaminadas a quebrar la moral del enemigo, usando armas estratégicas y armamentos que por sus características produzcan estado de inseguridad y temor en la población civil.

Terrorismo de Estado es cuando se crean condiciones de políticas de emigración que impidan a la propia población el abandono del país, bajo pena de prisión o muerte, obligando a que las personas que huyen de estos escenarios de guerra lo hagan bajo las formas más adversas para sus condiciones mínimas de sobrevivencia.

Terrorismo de Estado es cuando también se provocan acciones que promuevan el exilio de personas desafectas y críticas con el gobierno, que de otra manera, si no lo hacen, pueden perder sus vidas.

El Terrorismo de Estado por grupos no gubernamentales, y que reciben apoyo estatal directo o indirecto.

Actos de Terrorismo de Estado pueden hacerse para escenarios determinados o para escenarios que tengan repercusión internacional, regional, continental y con amenazas de que sea mundial, “una guerra mundial”, “una guerra de características nucleares”.

El Terrorismo de Estado se expresa con actos que realizan personas, “terroristas” en otros países cuando son enviados con ese fin, o cuando actúan por cuenta propia, inspirados en doctrinas o ideologías políticas o en fundamentaciones religiosas, donde igualmente se seleccionan víctimas, personas, dirigentes políticos, militares, religiosos, líderes civiles, diplomáticos, empresarios, inversionistas, instituciones determinadas, empresas seleccionadas como las aéreas en sus vuelos locales o internacionales.

Algunos países han conocido el Terrorismo de Estado cuando sus gobiernos son usufructuados o están en manos de camarillas militares, de dictadores, de usurpadores del Poder que se mantienen con el apoyo de las armas y de las estructuras militares que gobiernan, con el terror interno que imponen por las torturas que realizan a todo tipo de personas, por las desapariciones de personas que ejecutan, por la justificación legal que hacen de sus regímenes de tortura.

Terrorismo de Estado es cuando el Gobierno reprime a la población civil, en cualquier acto de ejercicio de derechos civiles o políticos que realicen violando la propia legislación interior, y los derechos establecidos en las Constituciones Políticas, que facultan esos actos de movilización ciudadana.

 Soberanía popular

Guillermo García Machado

Consiste en un sistema de gobierno en el que todo el poder proviene del pueblo. Así, este concepto se opone al poder de fuerzas externas o divinas superpuestas a la voluntad de la población de un país. A pesar de estar representado por un gobernante, los ciudadanos solo legitiman la gobernanza que refleja sus principales preocupaciones.

El origen del concepto de soberanía popular proviene de algunos filósofos y fue creado en el siglo XVII. A pesar de ello, ya se consideraba naturalmente dentro de las aspiraciones populares de sociedades anteriores. La soberanía popular fue conceptualizada por Thomas Hobbes y más tarde por john Locke, Rousseau y Kant. Hobbes asumió que la política, el derecho y el estado se originaron de un estado de naturaleza a un estado político civil.

Es decir, el Estado, el Derecho y la política nacen para legitimar los derechos naturales de la población. Pero, ¿qué son los derechos naturales? Para Hobbes era la vida y, en opinión de Locke, también era libertad y propiedad. Por tanto, si los representantes cometieran algún abuso de autoridad contra estos derechos básicos, el pueblo podría rebelarse. Así, la soberanía popular solo se da cuando los gobernantes apuntan a los intereses del pueblo y, si no, pueden ser desafiados por él. Este proceso se conoce como Contrato Social, un acuerdo metafórico utilizado por los filósofos para explicar la relación entre los seres humanos y el estado.

Hay gobiernos populares que reflejan los deseos del pueblo más que democracias representativas, así como hay dictaduras que, a pesar de usar el nacionalismo para llegar al poder, sirven más a los deseos del exterior que a los del propio pueblo. En el caso de un gobernante que brinda suficientes condiciones materiales para una población, se produce una dictadura popular, es decir, dirigida a la población. Ejemplos de estos gobiernos ocurrieron en América Latina a principios del siglo XX, en particular el peronismo en Argentina y el getulismoen España. Dichos gobiernos crearon procesos que fueron fundamentales para el desarrollo de la soberanía popular, tales como: la promulgación de leyes laborales, la generación de empleos, la industrialización, la nacionalización de los recursos naturales, la introducción del voto universal y la preservación de la unidad del país.

En el ámbito jurídico, el término soberanía popular aparece en la Constitución Federal de España:

El artículo nº 1 establece que “la República Federativa de España, formada por la unión indisoluble de Estados y Municipios y el Distrito Federal, constituye un Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamentos: la soberanía, la ciudadanía, la dignidad de la persona

humana, la valores sociales del trabajo y libre empresa y pluralismo político ”. También hay un solo párrafo que indica que “todo poder emana del pueblo, que lo ejerce a través de representantes electos o directamente”.

La soberanía nacional ocurre cuando un país tiene control total, dominio y poder dentro de la línea fronteriza de su territorio. Por lo tanto, la soberanía se refiere a naciones que son verdaderamente independientes y que no están bajo la influencia o bajo el mando directo o indirecto de otros estados. Las organizaciones que valoran al estado soberano se dividen según cada función y se presentan desde instituciones y órganos para su aplicación. Uno de los sectores más importantes en este sentido son las Fuerzas Armadas.

En otras palabras, la soberanía nacional designa las atribuciones del Estado con el objetivo de hacer lo necesario para gobernarse, ejecutar y aplicar leyes, recaudar impuestos, actuar en situaciones de guerra y mantener la paz, desarrollar tratados diplomáticos e involucrar la negociación con países extranjeros. con el fin de mejorar la calidad del material para su gente.

Hay países que subdividen los niveles de soberanía según las necesidades de los estados, sin embargo, todos los partidos están subordinados al poder central de la nación. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados pueden regular algunas leyes internamente de acuerdo con la realidad de la región, porque la centralidad del poder les da ese permiso. Por otro lado, no tienen facultades para acciones de soberanía extranjera, como deportar ciudadanos o recibir directamente una u otra personalidad política sin el aval del gobierno del país. En Estados Unidos, un estado tiene su soberanía bajo la regulación de la Constitución, considerada la ley suprema.

En la Constitución francesa de 1791 se puede ver por qué la soberanía popular y nacional están tan estrechamente ligadas. El documento francés sitúa la soberanía como indivisible, única, imprescriptible, inalienable y perteneciente a la nación. Por tanto, no se puede colocar bajo la administración centralizada de grupos o de un solo individuo. De esta forma, a la idea de soberanía nacional se sumó el concepto de soberanía de los pueblos para que no pudiera estar en manos de un pueblo en estado de naturaleza y sin organización, sino, más bien, bajo el dominio de una organización organizada. Expresar.

 

Empresa Privada y Prevención del Delito

Guillermo García Machado

En muchas ocasiones pensamos (de manera errónea e irresponsable) que la tarea de prevenir el delito es función exclusiva del Estado, sin embargo, esta idea se ha venido diluyendo desde hace varios años en atención de las nuevas directrices y buenas prácticas a la hora de implementar estrategias para la prevención del crimen. Actualmente se reconoce entre la comunidad internacional que la prevención del delito puede tener enfoques múltiples y especializados, asimismo se recomienda su aplicación con estrategias individuales y objetivos muy específicos, pero incluyendo todas las intervenciones en un programa integral.

Uno de los enfoques reconocidos en la prevención del delito tiene que ver con la participación ciudadana. Una comunidad organizada, involucrada y con alto sentido de responsabilidad puede generar un impacto positivo y relevante a la hora mejorar los índices de violencia en una sociedad. Un ejemplo específico es la participación de las grandes empresas en la ardua labor de prevenir el delito.

Esto ha obligado a las empresas a protegerse del crimen (y con justa razón) llevándolas a invertir cada vez más en su protección patrimonial. Tan solo en el año 2018, la ENVE reportó que las empresas en México han invertido al menos 68 mil 700 millones de pesos (3 mil 400 millones de dólares) en su seguridad interna. Sin embargo, las empresas no solamente deben preocuparse por encapsularse y tener una visión hacia adentro en lo que a su seguridad corresponde.

En sintonía con las actuales directrices de prevención del delito, las empresas juegan tres roles frente a la delincuencia, y cada uno de esos roles o interacciones deben ser atendidos con estrategias individualizadas. El primero de los roles que las empresas juegan frente a la criminalidad es el rol de víctima. Este enfoque ya se explicó en los párrafos anteriores con las estadísticas enunciadas. En efecto esta situación se combate (en parte) con una política proteccionista y con la implementación de programas de seguridad física que permiten a las organizaciones proteger sus activos.

El segundo rol de las empresas frente al delito tiene que ver con reconocerse a ellas mismas como un factor de riesgo. Esto significa que la empresa es generadora de oportunidades para que se geste el delito. En este sentido se debe analizar como una empresa puede generar un impacto negativo hacia la comunidad que los rodea. Por ejemplo, las grandes industrias pueden perturbar el medio ambiente en donde son instauradas, impactar negativamente en las culturas y el estilo de convivencia de los habitantes. Esto ocurre cuando la instalación de empresas no conlleva una adecuada planeación de desarrollo urbano.

El tercer rol que las empresas deben asumir es el que las posiciona como un factor favorable y mitigador de la criminalidad. Una empresa genera un espacio y tiempo de convivencia para los habitantes de una comunidad. En ocasiones las personas pasan más tiempo en su trabajo que en su casa, y las personas incluso conviven más con sus compañeros de trabajo que con los propios integrantes de su familia.

En este sentido las empresas tienen la responsabilidad de identificar y mitigar los posibles factores psicosociales que pudieran estarse generando entre sus trabajadores, entendiendo que desde las teorías de la criminalidad se explica que algunos factores criminógenos que propician la conducta criminal tienen que ver precisamente con trastornos psicológicos que si se detectan y atienden oportunamente pueden ser neutralizados, y de esta forma se evita que contribuyan a la generación de conductas antisociales (Dicaprio, 1989).

La buena gestión de riesgos psicosociales puede impactar de manera favorable en la reducción de la delincuencia. Lo anterior es una situación que en la actualidad comienza a tomar relevancia con la reciente entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 035- STPS-2018 Factores de Riesgo Psicosociales en el Trabajo, en la cual se establecen varios mecanismos que tienen el objetivo de gestionar los factores de riesgo psicosociales en los trabajadores.

Esta es una normativa obligatoria. Las empresas deben cambiar su enfoque unilateral y proteccionista a la hora de gestionar su seguridad y optar por una visión socialmente responsables con la prevención del delito en su comunidad. Lo anterior en conjunto con la sinergia que se debe generar con los miembros de la sociedad y con la responsabilidad inherente del Estado, se podrá afrontar de una manera integral el gran problema que adolece a las sociedades contemporáneas: el crimen.