Gobernabilidad
Guillermo García
Machado
Es tan
generalizado el uso actual del concepto de “gobernabilidad” que resulta
indispensable reflexionar sobre el sentido de la idea que está detrás, sus
diferencias con la idea de “gobernanza” (referencias a los conceptos de
governability y governance) y su relación con los problemas del desarrollo y
los procesos políticos que lo acompañan. Ese es el propósito del presente
artículo. Al respecto, hay una primera propuesta fuerte cuando se afirma que la
gobernabilidad en relación con los problemas del desarrollo supera los
problemas específicos de la acción de gobierno (p.e. las relaciones del
ejecutivo con los demás poderes del Estado) y se proyecta ampliamente como una
capacidad social, como atributo colectivo de toda la sociedad para dotarse de
un sistema de gobierno que empuje el carro de los objetivos del desarrollo
humano. Un sistema social es gobernable, entonces, cuando está estructurado
socio-políticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan
para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un
sistema de reglas y de procedimientos formales o informales –que pueden
registrar diversos niveles de institucionalización- dentro del cual formulan
sus expectativas y estrategias. Sin embargo, no todos los sistemas sociales
gobernables funcionan sobre la base de la democracia. La gobernabilidad
democrática se dará sólo cuando la toma de decisiones de autoridad y la
resolución de conflictos entre los actores estratégicos se produzca conforme a
un sistema de reglas y fórmulas que podamos calificar como democracia. El
artículo revisa las diferentes expresiones que ha adquirido la democracia en
América Latina y las diversas aportaciones que los especialistas han realizado
últimamente en esta materia, con una escala de matices entre el autoritarismo y
la democracia. Todo esto no sería importante si no fuera por que la meta/ valor
que está en juego es conseguir elevar los niveles de “desarrollo humano” en
América Latina, más allá del mero crecimiento económico, para lo cual un marco
de gobernabilidad democrática es indispensable. En 1975, Crozier, Huntington y
Watanuki presentaron a la Comisión Trilateral un informe sobre "la
gobernabilidad de las democracias" que produjo no poca polémica. La tesis
más importante era que en Europa Occidental, en Japón y en Estados Unidos, los
problemas de gobernabilidad procedían de la brecha creciente entre, por un
lado, unas demandas sociales fragmentadas y en expansión y, por otro, unos
gobiernos cada vez más faltos de recursos financieros, de autoridad y de los
marcos institucionales y las capacidades exigidas por el nuevo tipo de acción
colectiva. Para conjurar los riesgos de ingobernabilidad se necesitaban cambios
no sólo en las instituciones y en las capacidades de gobierno sino también en
la actitud de los ciudadanos. Dicho en lenguaje más actual, para fortalecer la
gobernabilidad democrática había que reinventar no sólo el gobierno sino
también la ciudadanía. 1975 inició la crisis fiscal de las democracias
avanzadas y, con ella, el cuestionamiento del Estado de Bienestar, es decir,
del exitoso modelo de gobernabilidad generado tras la Segunda Guerra Mundial.
“Las disfunciones de la democracia han producido tendencias que impiden ahora
ese mismo funcionamiento: (1) El funcionamiento exitoso de los gobiernos
democráticos. Las virtudes democráticas del individualismo y la igualdad han
conducido a una deslegitimación general de la autoridad y a una pérdida de
confianza en el liderazgo. (2) La expansión democrática de la participación y
el involucramiento político ha creado una sobrecarga en el gobierno y una
expansión desequilibrada de las actividades gubernamentales, exacerbando las
tendencias inflacionarias en la economía. (3) Se ha intensificado la
competición política que es esencial para la democracia, lo que ha llevado a
una desagregación de los intereses y a un declive y fragmentación de los
partidos políticos. (4) La receptividad de los gobiernos democráticos hacia el
electorado y las presiones sociales ha estimulado el parroquialismo
nacionalista en el modo en que las sociedades democráticas conducen sus
relaciones internacionales.”
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