Los Derechos humanos en la picota Guillermo García Machado.

Los Derechos humanos en la picota

Guillermo García Machado.

La esencia de una buena decisión política estriba en el respeto a ultranza del orden institucional adoptado por la República de conformidad con la Constitución y sus Leyes. Dicho así, no podemos transigir con la absurda idea de romper con las pautas hemisféricas en donde hemos incorporado a nuestro orden interno toda una estructura judicial para salvaguardar todos aquellos aspectos ciudadanos ligados a los Derechos Humanos, entiéndase Comisión de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Denigrar contra estas instituciones es darle la espada a la razones históricas que dieron lugar a la creación de la Organización de Estados Americanos –OEA- cuyo antecedente mas lejano lo encontramos en el mismo Congreso Anfictióctono de Panamá, donde la gran visión futurista e integradora del Libertador Simón Bolívar puso de manifiesto la necesidad de mitigar las fuerzas del gran gigante del Norte mediante el esfuerzo mancomunado de todos los países de América Latina. Del primer análisis resulta cuasi folklórico observar que el señor presidente aprovecha la coyuntura de su situación personal –entregado a los cuidados médicos en Cuba- y al anuncio de revisar la posición de Venezuela ante los entes bajo la lupa política – cuyas últimas decisiones siempre han resultado adversas al Estado Venezolano- para poner en marcha el Consejo de Estado previsto en la Constitución del 99 como un instrumento de carácter consultivo para dar respuesta a problemas de cualquier índole que pudieren ser objeto de la consideración de notables venezolanos, como antesala al poder decisorio del Ejecutivo Nacional. Desgraciadamente no pudimos sacar conclusiones al ver la lista de conciudadanos que conformaron el primer Consejo de Estado, ni mucho menos predecir cual va a ser el dictamen del ente consultivo en cuestión, pudiendo sospecharse que la primera recomendación pudiera ser el desconocimiento de la legitimidad de las decisiones adoptadas por la Comisión y la Corte Interamericana, lo que no impedirá la legitimidad y eficacia de dichas decisiones y la eventual proposición de abandonar nuestra participación en la Organización de Estados Americanos, por aquello que todo lo que domina el imperio nos hace daño por vía de intoxicación. No obstante, vale la pena recordar el contenido del artículo 23 de nuestra Magna Carta donde la misma nos dice enfáticamente: “Los tratados, pactos, y convenciones relativos a derechos humanos , suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno…………… y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Leído lo anterior, pareciera que el camino lógico, legal y constitucional sería invitar al ciudadano Presidente a respetar el orden constitucional invocado dándole el respectivo espaldarazo a todas aquellas instituciones llamadas a preservar la razón misma de su existencia: Los Derechos Humanos. De cualquier otra forma estaríamos ante la brutal decisión de hacer mutis total  y romper con el orden institucional internacional, lo cual colocaría a una Venezuela fuera del contexto internacional actual y nos colocaríamos al lado de Cuba en su propia consideración de marginalidad política, cultural, económica, social y financiera, etc. Visto lo anterior, sólo nos queda poner por delante la intransigencia y recordarle a los países que mantienen relaciones con el nuestro que no hemos renunciado a la Democracia, a la que ponderamos como un concepto practicable y perfectible cualquiera que sea el gobierno de turno y cualesquiera que sean las circunstancias imperantes. Todavía podemos honrar la constitucionalidad en aras de mantener la paz social y preservar el orden institucional amparado por la misma legalidad.