Enemigos de la Democracia
Guillermo García Machado
La desigualdad y la pobreza aparecen como las
principales deficiencias para avanzar en el camino democrático, así como la
consolidación de estructuras institucionales capaces de hacer efectivos los
derechos de los ciudadanos y ciudadanas de América Latina. El apoyo a la
democracia muestra grandes contrastes entre los diversos países, lo que
evidencia la heterogeneidad latinoamericana. El número de personas que
apoyarían a un gobierno no democrático si éste les resolviera sus problemas
económicos y sociales ha aumentado. Los desafíos que enfrenta la región son tan
significativos como los que se debieron afrontar en el momento inicial de las
transiciones en la lucha contra el autoritarismo. Las soluciones no son fáciles
y demandarán un gran esfuerzo por organizar y consolidar sociedades
democráticas. La gobernabilidad se entiende como articulación de intereses. No
sólo se centra en cuestiones de eficiencia institucional del Estado, sino que
también hace referencia a la relación que existe entre la satisfacción de
necesidades de la población, la construcción de ciudadanos como sujetos de
derecho y la relación de estos con el sistema político. Este concepto resulta
relevante por dos motivos. Primero, al enfatizar en las condiciones necesarias
se amplía el universo de políticas posibles que buscan prevenir la crisis de
gobernabilidad. Segundo, una visión más amplia del concepto de gobernabilidad
obliga a pensar en soluciones de largo plazo en donde un conjunto integral de
reformas permitirá incrementar los niveles de gobernabilidad y estabilidad de
los sistemas políticos en la región. La gobernabilidad democrática depende de
una combinación virtuosa de tres elementos: – El fortalecimiento
político-institucional democrático, es decir, la capacidad de un Estado
legítimamente establecido de atender efectivamente las demandas sociales en el
marco del Estado de derecho, el control efectivo del territorio, el monopolio
de la fuerza y la capacidad de las autoridades para formular e implementar
políticas, así como para controlar procesos administrativos diversos.
– El desarrollo
socio-económico y la integración social, es decir, la generación de políticas
que satisfagan las necesidades básicas del conjunto de la población.
– La promoción de un clima internacional que
privilegie la resolución pacífica y negociada de conflictos. En
el pasado, casi todos los países latinoamericanos se han visto envueltos en
serias crisis institucionales perdiendo, en ocasiones, la capacidad de formular
políticas de Estado que respondan a las demandas ciudadanas. Si bien en América
Latina y el Caribe ha aumentado el número de países en los que se realizan
elecciones y renovación periódica de autoridades –democracias electorales–, en
la mayoría de los casos aún persisten serias deficiencias respecto de otros
derechos esenciales al sistema democrático como la libertad de asociación,
libertad de expresión o la protección de la integridad física de las personas.
La debilidad de nuestros sistemas democráticos y las dificultades para generar
un desarrollo sostenible son dos constantes en América Latina. A ellas se unen
tres elementos nuevos que contribuyen a incrementar la incertidumbre y, por
ende, han afectado la gobernabilidad: la globalización, las transformaciones
estructurales de la economía y el proceso de individualización.
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