Guerra sucia: 

Guillermo García Machado

Se le llama así al conjunto de estrategias de campaña que buscan ensuciar el nombre de un adversario a cualquier costo. La guerra sucia, también llamada "campaña negra", no deja escapar nada y ataca a un político a través de su familia, relaciones políticas, recursos económicos, entre otros, y se sirve de la televisión, el radio y las redes sociales para difundir la información, muchas veces falsa.

aunque el principio de legalidad en materia electoral establece la obligación de que los partidos políticos, sus militantes y simpatizantes deben ajustar su actuación a las normativas plasmadas en el ordenamiento jurídico, particularmente donde refiere que “la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas”; sin embargo, las referidas entidades partidistas, sus candidatos, militantes y simpatizantes, así como sus voceros oficiales o representantes, no cesan de promover y difundir, por cualquier medio, campañas de desprestigio, desacreditación y de odio en contra de sus adversarios, utilizando para ello, el menor pretexto, fundado o infundado, del que puedan echar mano para lograr sus propósitos particulares. Ejemplos de esto los vemos cuando unos y otros miembros partidarios se imputan actos de traición, de corrupción, de enriquecimiento ilegal, de autoritarismo, de ignorancia, de incongruencia, etc. A lo anterior y otras situaciones más, es lo que se conoce en el argot político, como “guerra sucia”.

¿De dónde proviene el concepto “guerra sucia”? En principio, considero que esa expresión proviene temporalmente del lapso comprendido entre finales de los años sesenta y principios de los ochenta, y sirvió para definir las actividades ilegales y violatorias de los más elementales derechos humanos, que fueron realizadas por algunos gobiernos latinoamericanos, principalmente del cono sur, que podríamos calificar como regímenes militares dictatoriales, para desaparecer forzadamente y asesinar a los opositores políticos, apoyados presuntamente también por agentes encubiertos de otros países, bajo la consigna de que había que combatir la amenaza de los movimientos revolucionarios que amenazaban la paz, la seguridad nacional, la economía o el régimen de libertades democráticas. Al efecto, recordemos particularmente el caso de Chile, donde su presidente, Salvador Allende Gossens, electo por el voto popular, quien presidiera un gobierno poco afortunado, fue derrocado, vía un golpe militar (11 de septiembre de 1973), teniendo como consecuencia la toma del poder político por el general Augusto Pinochet, quien ordenó el arresto y desaparición de millares de personas retenidas en el campo de juego del Estadio Nacional de la ciudad de Santiago, la capital chilena.

En el ámbito político-electoral, la “guerra sucia”, podemos definirla como el conjunto de estrategias y acciones ilegales, o únicamente inmorales, que utilizan los partidos políticos, sus candidatos, sus militantes o simpatizantes, para demeritar o promover el desprestigio de la participación política de sus adversarios ante sus potenciales electores, lo cual puede generar una reacción de emisión del voto a favor del provocador de dicho desprestigio, la anulación del sufragio o la mera abstención. En pocas palabras, en la política electoral, las estrategias de guerra sucia lo que pretenden también es “eliminar de manera virtual” al adversario, sin importar los medios o instrumentos que se utilicen. Lo que vale, al final, es ganar “haiga sido como haiga sido” (parafraseando al ex presidente Felipe Calderón, uno de los principales beneficiarios de las prácticas de guerra sucia en el proceso electoral de 2006).