Juicio Político

Guillermo García Machado

El Juicio Político es un proceso sumario de una sola instancia a cargo de un órgano formalmente legislativo (Congreso de la Unión), pero el proceso es de índole materialmente jurisdiccional (se juzga y se condena con fuerza imperativa) seguido contra un servidor público de alta jerarquía de cualquiera de los tres poderes públicos por la comisión de conductas (acciones y omisiones) graves. En caso de determinarse responsabilidad concluye con una sanción: destitución e inhabilitación.

Elizur Arteaga lo considera un procedimiento de excepción, porque se sigue a funcionarios que están al margen del sistema ordinario de persecución y castigo de ilícitos y porque el Congreso de la Unión sólo en forma aislada y ocasional abandona sus funciones naturales de legislar, vigilar y ratificar y se aboca a la tarea de juzgar. Es un juicio entre pares; la misma clase de gobernantes juzga a uno de sus miembros.

Dada su naturaleza política en su sustanciación y sanción no se cuenta con la certeza que brindan los tipos penales. La sanción de ciertas conductas depende de los criterios imperantes entre los miembros de las Cámaras respectivas; a diferencia de la precisión y objetividad de los tipos que imperan en materia penal.

Debemos insistir que el Juicio Político constituye una función de control constitucional: formalmente legislativa, pero materialmente jurisdiccional llevada a cargo por un órgano político (el Poder Legislativo) que sólo permite la remoción o inhabilitación de ciertos servidores públicos de alta jerarquía a los que se sancionan por violaciones a la Constitución, leyes y programas federales. La mayoría del cuerpo legislativo puede destituir de sus cargos a los principales empleados públicos federales: entre ellos a otros legisladores que no forman parte de esa mayoría en las Cámaras respectivas.

El único de los altos empleados públicos que no puede ser destituido por este procedimiento es el Presidente de la Republica. La finalidad de un juicio político es evidente: exigir responsabilidades políticas y/o administrativas a todo aquel servidor público que tenga comportamientos contrarios al interés general o que actué al margen de la ley. En otras palabras, se trata de poner límites legales ante posibles abusos de poder.

En la terminología propia del terreno del gobierno, juicio político e impeachment son términos equivalentes. Hay que indicar, por otra parte, que en los países democráticos los distintos representantes del Poder Legislativo tienen la función de controlar a quienes tienen el PoderEjecutivo.

El concepto de juicio político puede entenderse desde la perspectiva filosófica. En este sentido, pensadores como Aristóteles, Locke o Hobbes entendieron que la actividad política debe estar fundada en la ética. En otros términos, todo lo relacionado con el ejercicio del poder político, no puede estar al margen de la ética.

El origen del concepto hay que situarlo históricamente en el parlamento inglés. En el siglo XVll el monarca inglés Carlos l fue acusado de tiranía y traición a la patria por la Cámara de los Comunes. Las fuerzas parlamentarias formaron un tribunal que juzgó al monarca y la sentencia que definitivamente se aplicó fue la pena de muerte. De esta manera, el poder del parlamento inglés estableció límites a la máxima autoridad de la nación.

En las monarquías absolutas de otras épocas se mantenía el principio del origen divino del monarca y, por lo tanto, el monarca estaba exento de responsabilidades políticas pues era considerado como una divinidad.

La destitución y ejecución de Carlos l es considerada como el precedente histórico y legal de los actuales juicios políticos o impeachment.