Colombia sin guerrilla

Colombia sin guerrilla

Guillermo García Machado

Ante la decisión de la guerrilla de las FARC de liberar a 10 integrantes de la Fuerza Armada colombiana mantenidos privados de su libertad por más de diez años y ponerle coto a los secuestros con extorsión, trajo como consecuencia  reacciones de distinto calibre, a saber: la felicidad de los familiares de quienes fueron plagiados, la cautela del gobierno y la clase política y las interrogantes sobre lo que puede significar este histórico paso en una guerra que ya completa cuatro décadas. Líderes de todas las tendencias políticas propusieron de inmediato la respuesta que debería dar el gobierno colombiano. Mientras el expresidente Ernesto Samper, de centro izquierda, sostuvo en su cuenta de Twitter que "la declaración de las FARC es un gesto de voluntad que pidió Juan Manuel Santos. El gobierno debe responder con generosidad", el también expresidente Álvaro Uribe no dudó en señalar el gesto como un acto "engañoso". El presidente Santos optó por tomar un camino intermedio: valoró el anunció, pero les advirtió a los comandantes guerrilleros que este no es suficiente. "Valoramos el paso de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente en la dirección correcta", dijo el mandatario en declaraciones ofrecidas a través de su servicio de prensa. Los entendidos sostienen que las FARC deben ofrecer otros gestos tan audaces como proponer el fin de los secuestros extorsivos y la liberación de los soldados y policías que mantienen privados de la libertad. Pareciera que es un simple anuncio con el que le apuntan a un diálogo, pero no es suficiente porque no se han cumplido todas las condiciones. En todo caso la oferta válida sería declarar una tregua unilateral, incondicional y transparente o de lo contrario, la población colombiana seguiría siendo víctima de otros delitos, como el terrorismo, el reclutamiento de menores y otras extorsiones. De hecho, los datos más conservadores indican que en la última ofensiva de las FARC, realizada en los departamentos de Cauca y Nariño, unas 15 personas perdieron sus vidas y otras 100 resultaron heridas. Además, el diario EL TIEMPO reveló que este grupo guerrillero y su par: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieron un pacto para apoderarse de la minería ilegal en el noroccidente de Colombia, lo que implicaría daños ecológicos no cuantificados. "Si las FARC esta vez cumplen su palabra, es un paso positivo en la reconciliación de los colombianos", sostiene, a su vez, el senador Juan Fernando Cristo, autor de la Ley de Víctimas, la cual busca compensar a quienes han sufrido las atrocidades del conflicto. El anuncio de las FARC llega en un momento difícil: justo una semana después de que los colombianos recordaran los 10 años del fin de la zona de distensión, es decir, de los 42.000 kilómetros cuadrados que el expresidente Andrés Pastrana les ofreció para iniciar unos diálogos que, al final, se frustraron porque el grupo guerrillero usó el área desmilitarizada para fortalecerse militarmente y cometer delitos, como el secuestro del senador Jorge Eduardo Géchem. Más allá de lo bien o mal que caiga la propuesta, el solo anuncio es histórico. El secuestro ha sido un arma usada por la guerrilla para buscar dos propósitos: financiación ilegal y una ley de canje con la que esperaban 'legalizar' el intercambio de los guerrilleros que se encontraban en las cárceles colombianas por los soldados, policías y políticos que ellos retuvieron en la selva. El Estado nunca concedió esa petición, ideada por los históricos comandantes Manuel Marulanda Vélez, alias 'Tirofijo', y Jorge Briceño Suárez, alias 'Mono Jojoy'. Esperemos las opiniones de la gente allegada al Presidente Uribe.