Argentina al
ataque
Guillermo García
Machado
La orden de la
presidenta Cristina Fernández para tomar el control de YPF, la mas grande
petrolera local, propiedad de la Ibérica Repsol-YPF, enfureció al gobierno de
España y materializó los augurios sobre una radicalización de las políticas
intervencionistas de la mandataria
peronista, incluyendo las expropiaciones al estilo de Chávez. Fernández, con su
estilo combativo y turbulento, puso a la tercera mayor economía de América
Latina en camino a un choque comercial y jurídico con España y la Unión
Europea, el segundo mayor mercado de exportaciones del país sudamericano. Tras
su relección en octubre con gran apoyo popular, Fernández enfrentó la
aceleración de una masiva fuga de capitales, que en el 2011 llegó a US$22.000
millones, por lo que impuso excéntricas trabas a las importaciones y un control
de cambios que altera nervios de firmas y ahorristas. "La situación con
Repsol-YPF y el control de cambios y de las importaciones enfrentan a Argentina
con el sistema mundial de poder. Se produce una marginación creciente del país.
La decisión de expropiar a Repsol implica que se pasa del aislamiento frente al
sistema internacional a una confrontación generalizada. Fernández tomó la
decisión de poner bajo control del Estado a YPF -un plan que se descuenta será
aprobada por el Congreso- bajo el apremio que provoca una declinante producción
de hidrocarburos, que disparó las importaciones de combustibles y erosiona el
superávit comercial del país. Buenos Aires depende de los dólares de su
excedente comercial para financiarse, ya que no cuenta con acceso a los
mercados voluntarios desde su cese de pagos en 2001/2002, y una fuerte
inflación ha deteriorado la competitividad de la economía del país. Para el
gobierno, la medida con YPF busca recuperar el perdido autoabastecimiento
energético y el viceministro de Economía argentino, Axel Kicillof, expresó que
resulta necesario "poner los recursos petroleros del país al servicio del
crecimiento económico". Para el joven funcionario, la única misión de
Repsol era "exprimir" los recursos hidrocarburíferos del país y
repartir altos dividendos a sus accionistas, algo que el gobierno decidió
cambiar de cuajo. Pero la decisión de expropiar el 51% de Repsol en YPF fue
repudiada por España, que la consideró un acto hostil, por la Unión Europea, y
también por México, accionista de Repsol-YPF a través de su petrolera estatal
Pemex. El presidente Felipe Calderón dijo que la decisión es
"lamentable", "poco responsable y poco racional". Mariano Rajoy,
el presidente del gobierno español, dijo en el balneario mexicano de Puerto
Vallarta que la expropiación decidida daña la reputación internacional de
Argentina, y el gobierno británico indicó que la decisión va contra todos los
compromisos del país sudamericano en el G20. Rodolfo Gil, quien fue embajador
argentino ante la OEA por nueve años y actualmente es consultor en Buenos Aires
lamentó lo que consideró una tendencia argentina a la desmesura. "Hicimos
una guerra contra la OTAN, desaparecimos entre 10.000 y 30.000 personas, y
tuvimos el mayor default de la historia. Esas son las cosas monstruosas del
país. Argentina provoca un quiebre básico a la confianza que tenés (sic) que
tener en el marco internacional. Somos un país que pierde peso específico",
dijo Gil. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo que la compañía
emprenderá todas las medidas legales que estén a su alcance y solicitará un
arbitraje a través del Ciadi, tribunal del Banco Mundial para disputas de
inversiones. Sin embargo, Argentina ya ha incumplido fallos relativos a
disputas con inversores y por ahora resiste las represalias y los
cortocircuitos que eso ha generado en la relación del país con países como
Estados Unidos.
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